El pasado viernes, en un programa de Intereconomía, José María Ruiz-Mateos hijo explicaba la delicada situación de Nueva Rumasa. La empresa, que habría llegado a reunir unos 140 millones de euros mediante varias campañas de captación de fondos que tuvieron como consecuencia repetidas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), comunicaba que se acogía a la ley concursal tras acumular más de 700 millones de euros de deuda financiera y otros 45 millones con la Seguridad Social. El directivo ponía de manifiesto la delgada línea que existe, o que algunos creen que existe, entre publicidad e información: “Nosotros hemos hecho inversiones en publicidad en el año 2010 en torno a 15 millones de euros (…). ¿Por qué usted aceptó una publicidad y luego resulta que, a la hora de hablar en torno a los pagarés, no quiere profundizar más sino directamente machacar?”.
Una de las campañas de captación de fondos de Nueva Rumasa
La pregunta no debe tomarse a la ligera. Para Ruiz-Mateos, poner publicidad en un medio presupondría la aprobación del contenido de la misma por parte del equipo editorial. ¿Tiene razón en ello? Sin duda, no. ¿No está dando a entender que esperaban cierto trato de favor de aquellos medios en los que invirtieron? Tal vez sí. Pero voy a añadir yo otra pregunta, aunque esta vez más genérica: ¿por qué, hasta que la situación no se ha vuelto insostenible, buena parte de los mismos medios que ahora recurren a aquello del “se veía venir”, no tuvieron problemas en aceptar su publicidad?
